El gobierno nacional resolvió eliminar el Instituto Nacional del Cáncer (INC) y traspasar todas sus funciones al Ministerio de Salud, en una medida que, según el Ejecutivo, busca mejorar la eficiencia administrativa. La decisión fue justificada oficialmente por la necesidad de reducir la duplicidad de tareas entre ambos organismos.
Según argumentaron fuentes oficiales, el cierre del INC permitirá un mayor control centralizado de las acciones vinculadas al cáncer, lo que facilitaría una gestión “más efectiva” de recursos, programas y políticas sanitarias. De esta manera, todas las funciones, programas y competencias que hasta ahora dependían del instituto serán absorbidas por el Ministerio de Salud, incluyendo registros epidemiológicos, acciones de prevención, programas de tratamiento y distribución de medicamentos oncológicos. Sin embargo, la medida generó preocupación en sectores vinculados a la salud pública, asociaciones de pacientes y profesionales de la oncología, quienes advirtieron sobre los posibles efectos adversos de esta reestructuración.
Uno de los puntos más críticos señalados es el impacto en la atención paliativa: organizaciones especializadas denunciaron la suspensión de programas clave para el tratamiento del dolor y el acompañamiento de pacientes en etapas avanzadas de la enfermedad. También alertaron sobre dificultades en el acceso a medicamentos esenciales, lo que podría repercutir directamente en la calidad de vida de miles de personas en tratamiento.
Mientras tanto, el Ministerio de Salud aún no dio precisiones sobre cómo se garantizará la continuidad de los programas que estaban bajo la órbita del INC, ni sobre la redistribución del personal técnico y profesional que trabajaba en el organismo.
El INC es espacio de actualización continua en farmacoterapia oncológica, una disciplina que requiere conocimientos específicos y en constante evolución. La eliminación de estos programas implicaría que muchos profesionales quedarán rezagados en sus conocimientos, lo que puede traducirse en una atención menos eficiente y segura para los pacientes con cáncer, fue creado con el objetivo de centralizar y coordinar políticas públicas vinculadas a la prevención, detección y tratamiento del cáncer en Argentina. Desde su puesta en marcha, se consolidó como un organismo técnico clave en la planificación sanitaria y la formación de recursos humanos especializados.
Entre sus funciones principales se destacaba la gestión del Registro Institucional de Tumores de Argentina (RITA), una herramienta fundamental que permitía a hospitales y centros de salud de todo el país recolectar, sistematizar y analizar datos epidemiológicos, con el fin de mejorar la toma de decisiones clínicas y políticas públicas en oncología.
