El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky ordenó a la Dirección General Impositiva la realización de un profundo estudio sobre los aspectos económicos y financieros del entramado de sociedades que intervinieron en las operaciones de compraventa de una lujosa mansión ubicada en Pilar, sospechada de pertenecer a altas autoridades de la AFA.
La medida fue dispuesta tras una reunión de trabajo que se extendió por poco más de media hora entre el magistrado y el titular de la DGI, Mariano Mengochea, realizada en la sede del juzgado, ubicada en Avenida de los Inmigrantes 1950, en el barrio porteño de Retiro. Durante el encuentro, el juez entregó al funcionario el oficio judicial con el detalle de las sociedades que deberán ser investigadas, en el marco de la causa en la que el organismo fiscal actúa como auxiliar de la Justicia.
Entre las firmas incluidas en el relevamiento figuran Real Central SRL y Malte SRL, esta última anterior propietaria de la casaquinta situada en la localidad de Villa Rosa. En total, el listado alcanza al menos a cinco sociedades vinculadas a las distintas operaciones bajo análisis.
De esta manera, avanzará el estudio del entramado de compras y ventas tanto de la quinta como de otras propiedades ubicadas en el barrio privado Ayres Plaza. En tanto, la expectativa de la causa está puesta en el próximo lunes, cuando se espera el primer descargo de los presuntos testaferros señalados en el expediente: el monotributista Luciano Pantano y su madre, la jubilada Ana Conte. Ambos figuran como integrantes de la sociedad que actualmente aparece como dueña de la mansión, en la que durante un allanamiento judicial se secuestraron 54 vehículos de alta gama y que cuenta, además, con helipuerto y caballerizas.
El análisis de las sociedades fue ordenado a partir de un dictamen del fiscal Claudio Navas Rial, quien solicitó avanzar con medidas destinadas a reconstruir el hecho precedente del presunto lavado de activos. El foco de la investigación está puesto en la trazabilidad tributaria, societaria y financiera de todas las operaciones documentadas vinculadas a la propiedad, siguiendo el recorrido de los movimientos económicos hacia atrás.
Entre las medidas complementarias, también se requirió el acceso a las filmaciones de las cámaras de seguridad en las inmediaciones de la mansión de Villa Rosa, ante versiones que indican que, días antes del allanamiento, se habrían retirado del lugar caballos y algunos vehículos.
