El saencismo propuso el tratamiento sobre tablas en la última sesión de Diputados y tuvo que sostener un extenso debate con la oposición para que al final voten en idéntico sentido. Las “emergencias” habilitan negociados y esa fue la advertencia más preocupante.
Por cuarta vez consecutiva, el Gobierno de Sáenz logra prorrogar la Ley provincial que declara la Emergencia Hídrica en la Provincia. Una primera sanción tuvo lugar a fines de 2022, en un contexto de sequía que impactó fuertemente en el norte. Tras ello, sobrevinieron las prórrogas, como sucedió con otras declaraciones de Emergencia, siendo la económica la más antigua ya que se originó en el Gobierno de Hernán Cornejo.
El debate fue muy interesante, el agua es un asunto sensible y una materia pendiente de este y de anteriores Gobiernos. Sin embargo, la gran diferencia pasa por una ley que habilita las adjudicaciones y contrataciones directas en nombre de la emergencia, dejando de lado las licitaciones públicas en las que se puede optar por la oferencia más conveniente.
¿Quién gana entonces con una emergencia? Antes de ser cooptada por el oficialismo, la diputada por San Martín, Mirtha Miller, denunció un enriquecimiento meteórico por parte de Jesús “Jesula” Hernández, un vecino de Tartagal sin otro oficio conocido que formó una empresa en tiempos de la Emergencia Hídrica y a partir de los contactos de su esposa, Gladis Sánchez, expresidenta del IPS, pudo captar ventajosas adjudicaciones.
Por cierto, Gladis Sánchez fue la presidenta de la obra social provincial nombrada por el Gobernador y estuvo por más de cinco años al frente de ese organismo hasta que fue intervenido por un escandaloso pasivo superior a los 25 mil millones.
El debate del martes transcurrió en un pase de factoras entre fervientes partidarios del Gobierno nacional vs. fervientes partidarios del Gobierno provincial. Si bien se insinuó lo que permite una ley de emergencia en términos administrativos, nadie recordó lo dijo por Miller, como tampoco lo planteado por la exdiputada Sofía Sierra.
Entre tanta ida y vuelta, por momentos con enjundia, tomó la palaba el diputado oranense Marcelo Lara Gros, con un desvergonzado planteo: “no hay que decir que hay falta de transparencia porque eso afecta a la democracia, que se mantiene si la gente cree en ella, si la gente cree en sus gobernantes”.
“Si la gente cree que todos los gobiernos son chorros tendremos que ir a otro tipo de Gobierno y eso no lo queremos porque ya lo hemos sufrido”, añadió Lara Gros. Su discurso incuba una enorme gravedad, en lugar de proponer transparencia y ética en la función pública, propone que no se hable, que no se cuestione y, por si fuera poco, pide un mutismo ante denuncias por corrupción, de lo contrario la consecuencia será una dictadura.
Para Lara Gros es mejor pedir silencio en lugar de ofrecer transparencia y garantías de ejecución honesta.
SUBORDINACIÓN
Es claro que la votación favorable de los diputados de La Libertad Azanza forma parte de algún acuerdo de cúpulas, ni los más dialoguistas (Virgili-Davis) ni los más radicales (F. Lastra, N. Arce y S. López) se mostraron cómodos y conformes con la ley aprobada.
Si bien el bloque no se quebró, la interna que generó la bajada de línea cayó mal y en una señal de rebeldía, el mensaje fue: votamos como lo pida el partido, pero no resignamos el debate. Tal actitud le valió una dura “chicana” por parte del presidente de la Cámara, Esteban Tuti Amat: “el único voto en contra es de Gauffín, los libertarios debatieron cuatro horas para votar a favor”.
¿El gobernador volvió a pedirle a Karina Milei y al jefe de Gabinete Diego Santilli que no le voten los proyectos en contra? No es descabellado, el propio Sáenz ya lo dijo en septiembre.
La pregunta es si la jugada es poco inteligente y muy inconveniente para ambos sectores. Al fin de cuentas, los libertarios quedaron como incoherentes y a los saencistas le impactaron más las críticas que el beneficio de los votos a favor de prorrogar la Emergencia Hídrica.