Novedad de las últimas horas fue que la Unidad de Delitos Económicos Complejos imputó provisionalmente a una inspectora de obra de la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Salta, a dos socios de una empresa dedicada a la construcción de obras de ingeniería civil y al representante técnico de la misma, como coautores de los delitos de falsedad ideológica de documento público en concurso ideal con fraude a la administración pública (seis hechos), y en concurso real.
Asimismo, un exsecretario Legal y Técnico del municipio fue imputado provisionalmente por encubrimiento por omisión de denuncia, en calidad de autor. Todo esto en el marco de la recordada obra de “remodelación y renovación” de la plaza 9 de Julio llevada a cabo durante la anterior gestión municipal.
Al respecto de esta situación el procurador de la Municipalidad de Salta, Matías Risso, confirmó las imputaciones mencionadas como también que las acusaciones se centran en presuntos delitos de fraude a la administración pública y falsedad ideológica, vinculados al mecanismo de sobrecertificación de obras
“Lo que hacían era certificar obras como si estuvieran realizadas en barrios, por ejemplo, en barrio 20 de Junio, y desviar esos fondos para la plaza 9 de Julio. Es decir, la plata no iba a la obra certificada sino a otra”, explicó Risso en diálogo con FM Aries.
Aunque el monto final del perjuicio aún calcula, Risso cifró que las maniobras habrían implicado la desviación de al menos $120.000.000, números correspondientes a valores de hace tres años. “Creemos que el presupuesto final de la plaza se multiplicó por cuatro o cinco. Estamos tratando de atar todos los cabos para saber cuánto se gastó realmente”, añadió.
Por último, agregó que el municipio se constituyó como querellante y, llegado el caso, iniciará acciones civiles para reclamar el resarcimiento por el daño económico sufrido. “La intención es que todo funcionario que haya tenido una participación en el menoscabo del patrimonio municipal, responda ante la Justicia”, finalizó.