La semana pasada, Salta fue escenario de la 4ª Marcha Federal Universitaria, donde concurrentes se movilizaron por la ciudad en defensa de la educación pública, con el reclamo central girando en torno a la crítica situación presupuestaria que atraviesan las casas de altos estudios y la necesidad urgente de financiamiento genuino por parte del Gobierno nacional.
Al respecto el rector de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), Miguel Nina, advirtió que el sistema público enfrenta exigencias financieras extremas debido al incumplimiento de las leyes vigentes, apuntando también que Nación no está remitiendo los fondos previstos en los artículos clave de la Ley de Financiamiento Universitario, lo cual afecta directamente el normal funcionamiento institucional.
En diálogo con Multivisión Federal, el rector explicó que, si bien se envía lo pautado en el presupuesto base, existe una deuda crítica que impacta de lleno en la recomposición de los haberes docentes y no docentes. “Esa ley fundamentalmente lo que está resolviendo es un problema salarial, independientemente de otros problemas que tienen las universidades públicas”, precisó la autoridad académica sobre la Ley 27.795.
Nina expresó su esperanza de que la masividad de la última movilización nacional logre abrir un camino de resolución en el corto plazo para el conflicto educativo. “El sistema universitario público argentino está pasando por enormes exigencias financieras y presupuestarias”, remarcó el rector al analizar la compleja proyección del sector hacia el futuro.
Transporte de los alumnos
Respecto a las restricciones en el pase libre estudiantil, el rector manifestó su interés en el asunto por los parámetros de actividad académica exigidos que podrían dejar a alumnos sin el beneficio, señalando que existen estudiantes que exceden los ocho años de carrera o no alcanzan las dos materias anuales, quienes “venían teniendo acceso al boleto gratuito” y hoy están en riesgo.
Finalmente, contó que las autoridades de la UNSa mantuvieron reuniones con los directivos de SAETA y AMT para solicitar una flexibilización en los criterios de otorgamiento ante la crisis económica, buscando que el organismo sea “permeable a escuchar” y permita evaluaciones individuales de los casos donde el boleto sea indispensable para garantizar el acceso al estudio.